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Tribunal separa a dos imputados y aplaza el juicio del caso Calamar

hace 6 horas
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Santiago Roberto Moquete y Daniel Omar Caamaño fueron separados por motivos de salud; una nueva recusación provocó que la audiencia se fijara para el 18 de noviembre.

Donald Guerrero, exministro de Hacienda. Imagen de archivo.
Donald Guerrero, exministro de Hacienda. Imagen de archivo.

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió el 11 de noviembre separar a dos procesados del juicio de fondo por presunta corrupción administrativa conocido como caso Calamar, en el que figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz. La decisión se adoptó por problemas de salud de los imputados.


La petición fue presentada por el Ministerio Público para desglosar los expedientes de Santiago Roberto Moquete y Daniel Omar Caamaño Santana, excontralor general, por razones humanitarias, con la finalidad de que el proceso pudiera continuar respecto de otros acusados.


Una nueva recusación impidió avanzar


Una vez acogida la separación, abogados de la defensa de Moquete recusaron a las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez. El incidente impidió proseguir el conocimiento del juicio y motivó el aplazamiento de la audiencia hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.


El Ministerio Público cuestionó la actuación procesal de la defensa, mientras el tribunal recordó la obligación de las partes de observar lealtad y evitar actuaciones abusivas. La nueva recusación deberá tramitarse por las vías previstas en el ordenamiento jurídico.


Una acusación que sigue pendiente de decisión


La Operación Calamar investiga un presunto entramado de pagos irregulares por expropiaciones y supuestos sobornos vinculados al financiamiento político. El órgano acusador sostiene que el presunto perjuicio supera RD$19,000 millones, una cifra que forma parte de la acusación y no de una condena.


Separar procesalmente a dos personas por circunstancias médicas no equivale a absolverlas. Donald Guerrero y los demás implicados mantienen su presunción de inocencia mientras los tribunales no emitan una sentencia firme sobre el fondo.


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