Tribunal rechaza petición federal sobre 20,000 votos en California
La corte de apelaciones consideró prematuro intervenir antes de una decisión del tribunal de distrito; el litigio continuará mientras se acercan las elecciones estadounidenses de noviembre.
Los Ángeles. Una corte federal de apelaciones rechazó este lunes 26 de octubre la solicitud urgente del Departamento de Justicia de Estados Unidos para impedir temporalmente que California contabilice unas 20,000 papeletas vinculadas a personas cuya ciudadanía ha sido cuestionada por la administración de Donald Trump.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que no correspondía intervenir en esta fase, debido a que el juzgado federal encargado del expediente todavía no había tenido una oportunidad suficiente para resolver la petición inicial.
La controversia sobre el registro electoral
La demanda federal busca que las autoridades electorales separen los votos correspondientes a personas identificadas por el Gobierno como posibles no ciudadanos, mientras se comprueba su elegibilidad.
El Departamento de Justicia sostiene que esas verificaciones son necesarias para impedir la participación de personas que no tienen derecho a votar en elecciones federales.
Las autoridades de California rechazan la solicitud y cuestionan la fiabilidad de la lista utilizada como base del reclamo.
Objeciones sobre los datos presentados
El fiscal general de California, Rob Bonta, señaló que una revisión preliminar realizada en el condado de Los Ángeles encontró numerosas inconsistencias en los registros señalados por el Gobierno federal.
Entre los casos examinados figuran personas con inscripciones canceladas o inactivas, individuos que declararon haber nacido en Estados Unidos y otros sin historial de votación.
Estos hallazgos plantean dudas sobre el uso de la lista para suspender el procesamiento de miles de papeletas a pocos días de la jornada electoral.
La disputa judicial continúa
Dos integrantes de la sala de apelaciones expresaron preocupaciones adicionales sobre las consecuencias de la petición federal, mientras un tercer juez sostuvo una posición discrepante respecto de las facultades del Gobierno para proteger la integridad electoral.
La decisión no determina que todas las personas incluidas en la lista sean ciudadanas ni resuelve definitivamente la constitucionalidad de las medidas solicitadas.
El expediente regresará al tribunal de distrito, que tiene prevista una audiencia el martes 27 de octubre, antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Mientras tanto, las autoridades electorales podrán continuar aplicando sus procedimientos vigentes, sujetos a las decisiones judiciales posteriores.
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