Costa Rica traslada primeros 123 reclusos a su megacárcel
El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado comenzó a recibir internos bajo estrictas medidas de seguridad, en medio del debate sobre el modelo penitenciario inspirado en El Salvador.
San José. Costa Rica comenzó este lunes 26 de octubre el traslado de los primeros 123 privados de libertad al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una nueva prisión de máxima seguridad diseñada para albergar a personas consideradas de elevada peligrosidad.
Los internos ingresaron al complejo con uniformes naranjas y el cabello rapado, en una operación que marca el inicio de la ocupación progresiva de la instalación penitenciaria.
El Ministerio de Justicia y Paz confirmó que entre los trasladados figuran personas investigadas por el asesinato del agente policial Gerson Rosales Cascante.
Una prisión de alta contención
El establecimiento fue inaugurado el 14 de octubre por la presidenta Laura Fernández y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas.
La infraestructura tiene capacidad proyectada para 5,100 reclusos, distribuidos en cinco módulos con 1,020 plazas cada uno.
Las autoridades informaron que el primer módulo comenzó a utilizarse y que esperan habilitar progresivamente los restantes espacios.
El proyecto requirió una inversión superior a 33 millones de dólares y cuenta con sistemas de videovigilancia, controles de acceso y presencia permanente de personal de seguridad penitenciaria.
Un modelo inspirado en El Salvador
El Gobierno costarricense ha reconocido que tomó como referencia aspectos del modelo penitenciario desarrollado en El Salvador durante la administración del presidente Nayib Bukele.
La intención declarada es impedir que personas vinculadas con estructuras criminales continúen dirigiendo actividades ilícitas desde prisión.
Las autoridades aseguran que la selección de internos debe fundamentarse en evaluaciones individuales de peligrosidad y criterios de seguridad.
Seguridad y garantías penitenciarias
La presidenta Laura Fernández ha defendido la iniciativa como una medida para mejorar el control del sistema carcelario y enfrentar el crimen organizado.
Sin embargo, el proyecto también ha generado cuestionamientos de sectores políticos y organizaciones preocupadas por las condiciones de reclusión y el respeto de los derechos humanos.
El Gobierno sostiene que esos derechos serán respetados durante el funcionamiento del centro.
El inicio de los traslados abre una etapa en la que deberán evaluarse la operación efectiva de la prisión, el cumplimiento de los protocolos establecidos y los resultados de la estrategia de seguridad penitenciaria.
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