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Roberto Rosario cuestiona a Abinader por controles legales sobre SeNaSa

hace 43 minutos
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Roberto Rosario, dirigente de Fuerza del Pueblo y expresidente de la Junta Central Electoral, cuestionó la explicación del presidente Luis Abinader sobre las fallas de control en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Sostuvo que la institución ya estaba sometida a disposiciones de supervisión desde su creación.


Roberto Rosario. Fotografía de archivo de Diario Libre; no corresponde a las declaraciones del 19 de noviembre.
Roberto Rosario. Fotografía de archivo de Diario Libre; no corresponde a las declaraciones del 19 de noviembre.

SANTO DOMINGO. — Rosario respondió a declaraciones en las que Abinader describió debilidades estructurales y defendió cambios legales para reforzar auditorías y vigilancia administrativa.


El argumento sobre las normas vigentes


Rosario mencionó la Ley 87-01 y obligaciones de rendición de informes ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. También citó competencias de la Contraloría General y de la Cámara de Cuentas.


Para el dirigente opositor, el problema sería el cumplimiento de controles disponibles y no una ausencia total de bases legales. Esa interpretación constituye su posición política y jurídica, no una determinación judicial.


La explicación del Gobierno


Abinader había afirmado que SeNaSa acumuló durante años debilidades en su supervisión institucional, particularmente en estructuras de auditoría y órganos administrativos, y defendió la necesidad de reformas.


Que existan leyes generales de fiscalización no resuelve por sí solo si los mecanismos específicos de control fueron adecuados o efectivamente aplicados. Ambas cuestiones requieren documentación y evaluación separadas.


Un debate en medio de investigaciones


Las declaraciones se producen mientras distintas instancias examinan actuaciones de funcionarios del seguro público y se discuten reformas de gobernanza.


Para establecer responsabilidades concretas es necesario diferenciar los deberes legales, las decisiones tomadas por los administradores y los hallazgos de investigaciones oficiales. Las críticas públicas no equivalen a sentencias ni prueban individualmente irregularidades.

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