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Regla fiscal dominicana enfrenta cuestionamientos sobre su cumplimiento antes de suspensión

hace 8 minutos
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El debate sobre el segundo presupuesto complementario de 2026 se concentra ahora en una pregunta distinta de la magnitud del déficit: si la regla que debía contener el gasto ya había sido incumplida antes de que el Gobierno solicitara suspenderla.


Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, en actividad pública. Fotografía: Estarlin Rosa / Diario Libre.
Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, en actividad pública. Fotografía: Estarlin Rosa / Diario Libre.

SANTO DOMINGO. — El Ejecutivo propuso dejar temporalmente sin efecto la regla de crecimiento del gasto primario de la Ley 35-24 hasta el 31 de diciembre. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió la flexibilización al señalar las presiones internacionales y la necesidad de mantener subsidios.


La objeción que formula la oposición


Haivanjoe Ng Cortiñas, de Fuerza del Pueblo, calculó que el gasto primario autorizado aumentó cerca del 13,3 %, cuando el límite nominal estaría alrededor del 7 % al 8 %. Sostuvo que la desviación comenzó con la modificación de julio.


Esos cálculos son de la oposición y se refieren al gasto autorizado. Para determinar el cumplimiento efectivo de la norma debe contrastarse el gasto ejecutado con las metodologías y la información oficial.


Qué permite la ley


La legislación de 2024 vincula el crecimiento del gasto primario a la inflación prevista más tres puntos. Establece supuestos excepcionales para suspender temporalmente la regla, entre ellos desastres graves y recesión económica.


El Gobierno proyecta crecimiento económico positivo para 2026. Díaz sostuvo que sería contraproducente reducir bruscamente el gasto en medio de una crisis y anunció que se presentará un plan de retorno gradual al cumplimiento.


La decisión pendiente en el Congreso


La propuesta forma parte de una nueva revisión presupuestaria que también modifica la meta de déficit. La suspensión necesita completar el proceso legislativo y no equivale a acreditar retroactivamente el cumplimiento de la disposición original.


El debate obliga a distinguir necesidades de financiación, razones legales de excepción y evaluación verificable de la ejecución presupuestaria.

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