Paraguay: del colapso de Ueno Bank a la destitución del presidente Santiago Peña
La intervención del banco digital Ueno, el bloqueo de depósitos y las investigaciones por fondos públicos antecedieron al juicio político que destituyó a Santiago Peña el 6 de noviembre.
La intervención de Ueno Bank por el Banco Central del Paraguay provocó una crisis financiera que rápidamente se convirtió en un conflicto institucional. El banco digital, con cerca de 2,9 millones de usuarios, entró en un procedimiento de resolución después de que las autoridades detectaran incumplimientos graves de solvencia. La inmovilización de depósitos y las dudas sobre recursos públicos colocados en la entidad precedieron al juicio político que terminó con la destitución del presidente Santiago Peña el 6 de noviembre de 2026.
Del problema bancario a la crisis pública
El banco había atraído a una parte importante de la población y custodiaba centenares de millones de dólares de organismos estatales. Entre los afectados se encontraban cuentas vinculadas al sistema de pensiones, por lo que el debate superó el ámbito de los clientes privados. Reguladores y autoridades judiciales comenzaron a examinar operaciones y responsabilidades de directivos de Ueno y de personas relacionadas con su supervisión.
Las autoridades paraguayas anunciaron mecanismos de garantía de depósitos y adelantos de devolución, pero la existencia de cobertura para ciertos montos no resuelve automáticamente las reclamaciones de todos los ahorrantes. La respuesta del sistema financiero también depende de la recuperación de activos, de las investigaciones y de las decisiones del órgano regulador.
La renuncia y la destitución de Santiago Peña
El 5 de noviembre Peña presentó su renuncia en medio de presiones y de un procedimiento de juicio político. La Cámara de Diputados impulsó la acusación y el Senado votó al día siguiente su destitución por mal desempeño de funciones. Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, lo sucedió en la Presidencia. Estos hechos constituyen decisiones institucionales documentadas y no una conclusión judicial penal sobre los presuntos delitos investigados.
Los cuestionamientos se relacionan con vínculos empresariales anteriores del exmandatario con el grupo propietario del banco y con decisiones sobre depósitos públicos y supervisión. Peña negó haber cometido irregularidades y afirmó haber vendido su participación en el grupo en marzo de 2025. Corresponde distinguir estas versiones de los hallazgos que puedan establecer la Fiscalía y los tribunales.
Qué está investigando la Justicia
La Fiscalía amplió las investigaciones por posibles hechos relacionados con el manejo de fondos públicos y la actuación de funcionarios y directivos. El caso incluye acusaciones penales y medidas procesales contra distintas personas, pero la existencia de una imputación no equivale a una sentencia firme. El 12 de noviembre se informó de diligencias en la antigua residencia presidencial.
En paralelo, agencias de calificación crediticia advirtieron sobre los posibles efectos de la crisis en la confianza, las finanzas públicas y las perspectivas económicas, sin concluir que el resto del sistema bancario ya hubiera sufrido un colapso. Las autoridades regulatorias sostuvieron que otras entidades mantenían niveles de capital y liquidez suficientes.
Una prueba para las instituciones
El episodio plantea preguntas verificables sobre controles bancarios, conflictos de interés, colocación de recursos estatales y protección de los depositantes. También muestra la importancia de separar tres planos distintos: los problemas financieros de una entidad, las consecuencias políticas de las decisiones gubernamentales y las responsabilidades penales que se determinen mediante procesos judiciales.
Fuentes consultadas: Reuters, 5, 6, 8 y 12 de noviembre de 2026; EFE, 5 y 11 de noviembre; Associated Press, 10 de noviembre; Banco Central del Paraguay y cobertura parlamentaria.
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