Jueza federal prohíbe amenazas penales contra funcionarios electorales en Estados Unidos
Trina Thompson ordenó al Departamento de Justicia y a Seguridad Nacional detener presiones para excluir votantes o apartar papeletas por supuestas irregularidades no demostradas.
SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS.— La jueza federal Trina Thompson ordenó este viernes 30 de octubre al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de Donald Trump cesar las amenazas de procesamiento penal y otras presiones contra funcionarios electorales estatales y locales que se nieguen a alterar procedimientos legales de votación y escrutinio.
La decisión, emitida mediante una orden de restricción temporal en el Distrito Norte de California, llega a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Su finalidad es preservar la actuación de trabajadores electorales conforme a las leyes vigentes, mientras avanza una demanda interpuesta por sindicatos y organizaciones de derechos civiles y electorales.
Qué conductas quedan prohibidas
La resolución impide que las agencias federales exijan retirar del padrón a personas registradas, negarles papeletas, separar votos o suspender el procesamiento y conteo de sufragios únicamente a partir de listas gubernamentales de individuos considerados presuntamente no elegibles.
También prohíbe que el Gobierno amenace con procesos penales o adopte medidas de intimidación y coerción para forzar a las autoridades locales a cumplir esas exigencias cuando realizan sus funciones de acuerdo con la ley. La jueza sostuvo que las acciones impugnadas podrían interferir con la administración de los comicios y privar del voto a electores habilitados.
La orden requiere además que el Departamento de Justicia notifique a los funcionarios a quienes había dirigido advertencias de posibles procesamientos que esas amenazas están prohibidas. Las autoridades federales deberán informar al tribunal de solicitudes de órdenes de registro, citaciones de gran jurado y otras diligencias pendientes relacionadas con las listas electorales cuestionadas.
La controversia por los presuntos votantes no ciudadanos
El Gobierno ha defendido sus actuaciones como esfuerzos para aplicar las leyes que impiden votar a personas sin ciudadanía estadounidense en elecciones federales. Sin embargo, los demandantes consideran que las cartas, las solicitudes de información y la amenaza de cargos penales pueden presionar indebidamente a empleados electorales y perjudicar a votantes con derechos legales.
La jueza concluyó de manera preliminar que los demandantes presentaron argumentos suficientes sobre posibles vulneraciones de la prohibición de intimidación electoral establecida en la Ley de Derecho al Voto de 1965 y sobre los límites constitucionales a la intervención federal en la administración de elecciones estatales.
La resolución no declara legal el voto de personas que no reúnen los requisitos ni impide investigaciones penales legítimas sobre hechos concretos. Su alcance está centrado en evitar presiones que pretendan sustituir los procedimientos electorales establecidos por decisiones impuestas mediante amenazas.
Plazo limitado y próximos pasos judiciales
La medida cautelar está prevista hasta el 16 de noviembre y la jueza programó una audiencia para el 13 de ese mes. Por tratarse de una orden temporal, no resuelve definitivamente todas las pretensiones de la demanda ni excluye posteriores recursos o modificaciones judiciales.
La decisión es distinta de otra resolución emitida esta semana por el juez David O. Carter en California, relacionada con la solicitud federal de separar votos vinculados a unas 20,000 personas señaladas como posibles no ciudadanas. Ambos casos se producen en un contexto de disputas entre el Gobierno federal y las autoridades estatales sobre el alcance de sus facultades electorales.
Por el momento, la prohibición ordenada por Thompson busca que el personal electoral pueda continuar distribuyendo, recibiendo y contando papeletas conforme a las normas aplicables, sin exponerse a amenazas penales por desobedecer exigencias no sustentadas en una orden legal válida.
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