República Dominicana exige financiación climática verificable en la COP31
La delegación dominicana busca una hoja de ruta para triplicar los recursos destinados a adaptación hacia 2035 y facilitar el acceso de los pequeños Estados insulares a la financiación climática.
República Dominicana llevó a la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía, una agenda centrada en conseguir financiamiento para la adaptación y en lograr que las promesas internacionales se traduzcan en mecanismos concretos de ejecución y seguimiento. La delegación plantea que la vulnerabilidad de los países insulares debe tener mayor peso en las negociaciones sobre recursos climáticos.
Una hoja de ruta para triplicar los recursos de adaptación
La delegación nacional, encabezada por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, y la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad, Ana Emilia Pimentel, tiene entre sus prioridades establecer una hoja de ruta para cumplir el compromiso internacional de triplicar el financiamiento destinado a la adaptación hacia 2035. El planteamiento incluye definir una línea base, un calendario de avance y mecanismos que permitan comprobar si los fondos comprometidos llegan efectivamente a los países que los necesitan.
El Gobierno dominicano sostiene que no basta con acordar metas financieras si los procedimientos para solicitar recursos continúan siendo difíciles de cumplir para países con menor capacidad administrativa. En ese contexto, procura mejorar el acceso a apoyo financiero, técnico y tecnológico, especialmente para preparar y ejecutar planes nacionales de adaptación. La propuesta constituye una posición de negociación: no significa que ya se hayan aprobado nuevos desembolsos para República Dominicana.
Pequeños Estados insulares y medición de resultados
República Dominicana participa en las coordinaciones de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS), grupo que busca dar visibilidad a las amenazas particulares que enfrentan estas naciones, entre ellas la exposición de comunidades costeras, infraestructuras, servicios y actividades productivas a los impactos climáticos. La delegación impulsa posiciones comunes para que la financiación internacional considere esas vulnerabilidades.
Otro objetivo es promover la formación de un equipo técnico que refine metodologías para evaluar el progreso en adaptación con base en los indicadores adoptados en Belém. La intención es contar con resultados de ese trabajo antes de la COP32, de modo que la discusión internacional pueda apoyarse en mediciones comparables, y no únicamente en anuncios o declaraciones generales.
Las necesidades de inversión de República Dominicana
La agenda de COP31 enlaza con la Contribución Nacionalmente Determinada NDC 3.0 presentada por el país en junio de 2026. Según el Ministerio de Medio Ambiente, ese instrumento contempla 41 medidas y 155 metas de adaptación y estima inversiones superiores a US$23,719 millones para el conjunto de acciones climáticas, de los cuales alrededor de US$12,251 millones corresponden a adaptación. Se trata de necesidades estimadas para implementar compromisos, no de dinero ya asegurado.
Entre las áreas de trabajo figuran recursos hídricos, agricultura y seguridad alimentaria, salud, turismo, protección de ecosistemas y zonas costeras. La representación dominicana también da seguimiento a pérdidas y daños, mitigación, género, fortalecimiento institucional, transferencia tecnológica y mercados de carbono. Busca intercambiar experiencias sobre soluciones basadas en la naturaleza y gestión sostenible de bosques.
La eficacia de esta agenda dependerá de acuerdos que especifiquen montos, plazos, condiciones de acceso y criterios transparentes de evaluación. Para República Dominicana, convertir el financiamiento prometido en proyectos ejecutados y resultados verificables sigue siendo el desafío principal de las negociaciones climáticas.
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