Ley de Inteligencia en República Dominicana: ¿En riesgo la libertad de prensa?
La creación de la Dirección Nacional de Inteligencia podría comprometer la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad, según informe de la SIP
La reciente aprobación de la Ley 1-24 en República Dominicana, que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha suscitado preocupaciones significativas en torno a la libertad de prensa y expresión en el país caribeño. En un informe publicado este viernes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se plantea que esta medida podría tener "consecuencias negativas para la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad", lo que a su vez amenaza las libertades fundamentales de prensa y expresión.
Según el informe de la SIP, la Ley 1-24, aprobada en diciembre pasado y actualmente en proceso de reforma, contiene disposiciones que suscitan preocupación entre diversos sectores de la sociedad dominicana. La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), organizaciones de la sociedad civil, expertos en derecho y la Iglesia católica han expresado reservas sobre esta legislación, considerando que "abre el camino a restricciones" que podrían afectar la libertad de prensa en el país.
El artículo 11 de la mencionada ley ha sido objeto de críticas particulares, ya que otorga a la DNI la facultad de exigir a instituciones privadas o personas físicas la entrega de toda la información que se les solicite. Esta disposición se interpreta como un "elemento coercitivo de derechos fundamentales" y una amenaza a la libertad de prensa, según las observaciones recogidas en el informe de la SIP.
Ante las críticas recibidas, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha tomado medidas para abordar estas preocupaciones. Instruyó la formación de una comisión intersectorial, en la que participa la Sociedad Dominicana de Diarios, con el objetivo de revisar la ley y proponer salvaguardas que protejan los derechos fundamentales.
Aunque este proceso aún está en curso, se trabaja en la reforma del texto para alcanzar un consenso entre el sector oficial, la SDD y otras organizaciones que han objetado la ley debido a "sus ambigüedades y violaciones a las normas constitucionales", según lo informado por fuentes oficiales.
Además, se aguardan los fallos del Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley. En paralelo, en el Congreso se discuten diversos anteproyectos propuestos por distintas organizaciones con el fin de modificar la legislación actual y abordar las preocupaciones planteadas.
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