Tribunal impone garantía de RD$300,000 a acusado de atacar vehículo de Miriam Cruz
Un juez del Distrito Nacional impuso a Eddy Martínez Núñez una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. El proceso por daños al vehículo continúa en investigación.
SANTO DOMINGO. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica de 300,000 pesos dominicanos a Eddy Martínez Núñez, imputado por el incidente en el que una piedra impactó el vehículo en el que se desplazaba la merenguera Miriam Cruz. La decisión fue divulgada el domingo 1 de noviembre de 2026.
La medida fue dictada por el magistrado Rigoberto Sena e incluye, además de la garantía bajo modalidad de contrato con aseguradora, impedimento de salida del país y obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad correspondiente. El imputado podrá enfrentar las siguientes etapas del proceso en libertad bajo esas restricciones.
Garantía económica y otras obligaciones
De acuerdo con la información suministrada después de la audiencia, el tribunal evaluó el arraigo de Martínez Núñez y consideró que las medidas impuestas eran suficientes para asegurar su presencia durante la investigación, por lo que no ordenó prisión preventiva.
La defensa estuvo representada por la abogada Yessenia Dipinton, quien valoró la decisión judicial y sostuvo que las obligaciones fijadas permiten que su cliente responda al proceso sin permanecer encarcelado durante esta etapa. Esa interpretación corresponde a la representante legal del imputado.
El incidente que dio origen al expediente
La acusación tiene su origen en un episodio ocurrido a comienzos de octubre, cuando, según la querella de la artista y su esposo, un motorista lanzó una piedra contra el vehículo en que ambos se desplazaban, ocasionando daños al cristal trasero.
Martínez Núñez fue identificado como el hombre investigado por el hecho y compareció ante las autoridades. La cobertura judicial también recoge que las partes han ofrecido explicaciones distintas sobre las circunstancias previas al incidente, cuestiones que deberán evaluarse mediante las pruebas del expediente.
La decisión no constituye una condena
La garantía de 300,000 pesos es una medida de coerción adoptada durante el proceso penal y no una multa ni una sentencia definitiva. Su finalidad es contribuir a que el investigado permanezca sujeto a la justicia mientras se esclarecen los hechos.
El impedimento de salida y la presentación periódica se mantendrán según lo establecido por el tribunal, salvo una eventual modificación judicial. No se ha comunicado una fecha de juicio de fondo ni un fallo sobre responsabilidad penal.
El caso seguirá su curso ante las instancias correspondientes, con las garantías y derechos procesales reconocidos a las partes. La imputación, por sí sola, no equivale a una declaración de culpabilidad.
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