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España aprueba alzas salariales para 5,7 millones de trabajadores públicos y privados

hace 18 horas
2 min de lectura

El salario mínimo subirá 5,3 % en 2027 y los empleados públicos recibirán un incremento del 4,5 %, según el Gobierno español.


Camarero atendiendo a clientes en un establecimiento de Cantabria, imagen de archivo sobre trabajadores remunerados con salario mínimo
Trabajador de hostelería en Cantabria, España. Imagen de archivo vinculada a la cobertura de los cambios salariales. Foto: EFE / Román G. Aguilera.

MADRID. El Gobierno de España aprobó el 17 de noviembre dos aumentos retributivos que, según sus estimaciones, alcanzarán a 5,7 millones de personas en 2027. La decisión combina una revisión del salario mínimo interprofesional y una subida separada para los empleados de la administración pública.


Salario mínimo fijado en 1.286 euros


El nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) será de 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas, equivalentes a 18.004 euros al año. El incremento del 5,3 % está dirigido a unos 2,7 millones de trabajadores del sector privado y otras actividades cubiertas por la regulación.


El Ejecutivo aprobó la actualización mediante real decreto. También anunció ajustes fiscales destinados a que quienes perciben el nuevo SMI no soporten una carga de IRPF por esos ingresos y a evitar saltos bruscos de tributación para sueldos ligeramente superiores.


La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó el impacto de estas medidas en mujeres y jóvenes. Las organizaciones empresariales criticaron el proceso de aprobación, mientras que sindicatos destacaron la evolución de las remuneraciones mínimas.


Tres millones de empleados públicos recibirían un 4,5 % adicional


Para el personal del sector público, el Ejecutivo aprobó una subida del 4,5 % correspondiente al ejercicio de 2027. La estimación oficial sitúa a los beneficiarios de esta medida en unos tres millones de empleados.


El ministro de Función Pública, Óscar López, relacionó el incremento con un acuerdo plurianual alcanzado con las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF, que contempla avances salariales hasta 2028.


A diferencia de la subida del SMI, la medida de los empleados públicos requiere una tramitación parlamentaria vinculada a la dotación presupuestaria. Por tanto, ambas decisiones comparten fecha de anuncio, pero no necesariamente los mismos pasos legales antes de su aplicación efectiva.

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