Defensa de Ángel Luis Guzmán busca acuerdo con Fiscalía en investigación de SeNaSa
Billy Gerónimo afirmó que conversa con el Ministerio Público sobre una eventual salida al proceso, pero no existe pacto cerrado. El tribunal ratificó tres meses de prisión preventiva.
SANTO DOMINGO.— La defensa de Ángel Luis Guzmán Vásquez, imputado en la segunda fase del proceso judicial por presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), informó que mantiene conversaciones con el Ministerio Público para explorar un eventual acuerdo. Su abogado, Billy Gerónimo, aclaró que todavía no existen términos definidos ni un pacto formalizado.
Las declaraciones fueron ofrecidas el viernes 30 de octubre después de que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificara por otros tres meses la prisión preventiva de Guzmán Vásquez, recluido en el centro penitenciario Las Parras.
Defensa habla de conversaciones, no de pacto cerrado
Gerónimo sostuvo que su representado está dispuesto a colaborar con la investigación y responder a requerimientos de las autoridades. Afirmó que los acercamientos con el órgano acusador se desarrollan desde etapas anteriores del proceso, aunque no reveló condiciones concretas de una eventual solución alternativa.
La existencia de conversaciones no significa que el Ministerio Público haya aceptado una propuesta, que el tribunal haya homologado un acuerdo ni que la medida de coerción haya sido levantada.
Señalamientos dentro de la investigación
Guzmán Vásquez se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa. De acuerdo con los señalamientos formulados en el expediente, las autoridades lo consideran vinculado a una de las líneas de presunto fraude examinadas en esta etapa del proceso.
La defensa sostiene que el imputado carece de recursos económicos o propiedades para realizar devoluciones de dinero como parte de una eventual reparación. Esa afirmación corresponde a su abogado y no representa una constatación judicial independiente de su situación patrimonial.
Próxima revisión judicial prevista para enero
El tribunal programó para enero la siguiente revisión obligatoria de la medida de coerción. En esa audiencia deberán valorarse las circunstancias vigentes y los argumentos de las partes, sin que el anuncio de conversaciones determine anticipadamente la decisión.
El principio de presunción de inocencia permanece vigente durante el proceso. Las responsabilidades penales, las posibles reparaciones y cualquier acuerdo necesitarán decisiones de las autoridades competentes.
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