Defensa de Ana Josefa García cuestiona condena y sostiene que se ignoraron pruebas psiquiátricas
Una nueva controversia surgió tras la condena a veinte años de prisión dictada contra Ana Josefa García Cuello. Su abogado Julio Alberico Hernández cuestionó la valoración de los elementos médicos y afirmó que los jueces no tomaron en cuenta debidamente las evaluaciones psiquiátricas presentadas por la defensa.

SANTO DOMINGO ESTE. — Hernández, quien también ejerce como psiquiatra, reaccionó este miércoles 18 de noviembre al fallo del Segundo Tribunal Colegiado por la muerte de una niña de seis años ocurrida en Hainamosa en agosto de 2024.
La posición del abogado
El representante legal sostuvo que la defensa había sometido documentos clínicos, recetas y antecedentes de atención psiquiátrica para fundamentar una petición de inimputabilidad. Según su interpretación, el tribunal desestimó esos elementos y no aplicó correctamente las normas relacionadas con la responsabilidad penal.
También señaló un informe de evaluación de salud mental que atribuyó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Sus críticas constituyen la posición de la defensa y no una determinación médica o jurídica independiente sobre la capacidad penal de su clienta.
La decisión de los jueces
El Ministerio Público había solicitado treinta años de cárcel, mientras el tribunal fijó una pena de veinte. Los jueces Josefina Ubiera Guerrero, José Leonel Asención y Dolores Galay de la Cruz conocieron el proceso.
La sentencia representa una decisión judicial vigente en la etapa informada. Una discrepancia del abogado no la anula automáticamente ni demuestra que se hayan ignorado pruebas; ese cuestionamiento puede ser objeto de revisión mediante los recursos establecidos.
Debate sobre salud mental y justicia
Hernández pidió reforzar la capacitación judicial en salud mental y sostuvo que su clienta debería recibir atención en un entorno especializado. No se informó en la fuente examinada de la presentación formal de un recurso de apelación en este momento.
El caso exige diferenciar los antecedentes clínicos alegados, la valoración que corresponde a los tribunales y las garantías de revisión disponibles, sin convertir un diagnóstico referido por una parte en una conclusión definitiva.





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